Coin Center, clasificó como desordenado, arbitrario e inconstitucional el proyecto de ley de Mejora de la Seguridad Nacional de Criptoactivos (CANSEE) que se presentó recientemente en el Congreso de los Estados Unidos.

Coin Center es una organización sin fines de lucro para la defensa e investigación de la tecnología detrás de Bitcoin, así como otras criptomonedas. Y actualmente se ha mantenido muy activo debido a amenazas al derecho de los estadounidenses a reunirse en redes peer-to-peercomo lo ha señalado su director Jerry Brito.

en su máxima expresión publicación reciente Coin Center advierte que Ley CANSEE podría tener consecuencias negativas para el sector financiero descentralizado (DeFi). Esto se debe a que extendería las sanciones y obligaciones de la Ley de Secreto Bancario (BSA) a los desarrolladores individuales, otorgando al Secretario del Tesoro pleno poder para decidir quién controla o está detrás de protocolos específicos.

“Aunque apreciamos el deseo de los senadores de combatir el abuso de los protocolos criptográficos por parte de actores criminales y enemigos, lamentablemente el proyecto de ley también haría inviable el desarrollo de dichos protocolos en los EE. UU. y por parte de individuos estadounidenses. Peor aún, el proyecto de ley sería una legislación inconstitucional, ya que violaría claramente la Primera Enmienda”.

Jerry Brito, director ejecutivo de Coin Center.

La Primera Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos establece que El Congreso no debe aprobar ninguna ley que limite la libertad de expresiónni el derecho que tiene la gente a reunirse pacíficamente, ni a pedir al gobierno que repare agravios.

La violación se debe a que la ley propuesta sometería a cualquier persona detrás de un proyecto DeFi a sanciones, si no cumple con las normas KYC (o conoce a tu cliente) para la prevención del blanqueo de capitales. Estos, hasta ahora, se aplican en intercambios centralizados y otras empresas de bitcoin reguladas.

Adicionalmente, de aprobarse, el proyecto de ley establecería que, si se demuestra que nadie “controla” un protocolo DeFi, entonces quien invierta más de USD 25 millones en el desarrollo del proyecto será responsable de las obligaciones impuestas.

En ese sentido, Coin Center advierte que las personas que simplemente publiquen código en blockchains, y muchas otras relacionadas con proyectos DeFi, estarían expuestas a enjuiciamiento. Esto por simplemente publicar software y no registrarse con FinCENpor ejemplo, agrega la organización.

“Prohibir ampliamente la publicación de código fuente abierto para protocolos criptográficos descentralizados y luego permitir que el secretario [Departamento del Tesoro]Otorgar, a su sola discreción, permisos a protocolos centralizados que bien podrían ser instituciones financieras tradicionales es ceder el campo de la innovación al resto del mundo. También sería una restricción previa basada en el contenido demasiado amplia sobre la publicación de discurso protegido y rotundamente inconstitucional”.

Jerry Brito, director ejecutivo de Coin Center.

CoinCenter cree que el proyecto de ley adopta un enfoque de “prohibición general” y carece de los matices necesarios para proteger los derechos individuales. Instan a las autoridades a considerar un enfoque más equilibrado y específico para lograr sus objetivos.

“Estados Unidos obliga a los ciudadanos a espiarse unos a otros”

Además, Coin Center reportado que acudirá al Tribunal Supremo, en su caso, después de haber demandó al Departamento del Tesoro por vigilancia financiera inconstitucional. “Es claro que el gobierno se extralimita al obligar a los ciudadanos a espiarse unos a otros sin una orden judicial”, comentó Jerry Brito en una publicación anterior.

Coin Center presentó una demanda en un tribunal de distrito federal contra el Departamento del Tesoro en junio, pero un juez ahora ha desestimado el caso.

Por lo tanto, la ley que entrará en vigencia el 1 de enero de 2024 requiere que los estadounidenses que reciban pagos en bitcoin u otras criptomonedas, en montos mayores a USD 10,000 o más, informar al gobierno no solo de la transacción, sino también de los detalles del remitente“Todo sin orden judicial”, agregó Brito.

Todo esto se deriva de una disposición pasada por alto (una enmienda a la sección 6050I del código fiscal) en el proyecto de ley de gastos de infraestructura de 2021. hará que recibir activos digitales sea un delito grave si se informa incorrectamente.

Esta disposición, que se aplica a todos los estadounidenses que reciben cualquier tipo de activo digital en el curso de su comercio o negocio, hasta ahora ha escapado al escrutinio público o del Congreso.

Por lo tanto, Coin Center solicita que la gente común no debe verse obligada a recopilar información altamente intrusiva sobre otras personas comunes tener que informarlo al gobierno sin una orden judicial. “Esto es inconstitucional bajo la Cuarta Enmienda”, dijo Brito en su declaración.

El otro reclamo de Coin Center es que las organizaciones políticamente activas crean e informan listas de los nombres de sus donantes y luego lo informan al gobierno, lo cual es inconstitucional según la Primera Enmienda.