Hechos clave:
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Los senadores piden al Servicio de Impuestos Internos (IRS) acelerar la aprobación del proyecto.
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El IRS sostiene que existe una “brecha fiscal” por incumplimiento en el sector de las criptomonedas.
Según la carta dirigida al Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS) este 12 de octubre por Lawrence Zlatkin, vicepresidente de impuestos del intercambio de criptomonedas Coinbase, la propuesta fiscal de la agencia para regular la industria de las criptomonedas podría causar “daños “graves” a la ecosistema.
En la carta, el directivo de Coinbase considera que el proyecto, hecho público por primera vez en agosto de este año, podría dañar seriamente toda la industria de las criptomonedas provocando que muchos inversores y empresas huyeran de Estados Unidos.
La fuga de inversores estaría provocada por las exigencias para las bolsas, los corredores y los procesadores de pagos propuestas en el proyecto, introduciendo “un nivel de seguimiento sin precedentes” en la vida cotidiana de los estadounidenses.
Se refieren en particular a las exigencias que impondría a estas plataformas la obligación de entregar informes excesivamente complejos y onerosos, con datos de usuariocomo su nombre, dirección y número de identificación fiscal.
Coinbase sostiene que aunque es necesaria una regulación más clara en el ecosistema de las criptomonedas, la propuesta del IRS otorga a los criptoactivos un tratamiento similar al de otros activos, aplicando conceptos propios del sector financiero tradicional sin tener en cuenta las particularidades que tienen los criptoactivos.
Se cuestionan principalmente las definiciones de “activos digitales” y “corredor”, que incluyen proyectos y personas que normalmente no entran dentro del espectro de declaración de impuestos (incluidos desarrolladores y mineros). Estas nuevas figuras no sólo tendrán que aportar sus datos, sino que deberán recopilar información personal de quienes comercian con ellos y luego proporcionarlos en un formulario para calcular las ganancias y pérdidas de las ventas de activos digitales.
“Los activos digitales tienen características únicas que merecen una consideración individual al aplicar el código fiscal”, concluye Zlatkin.
El IRS acusa al sector de las criptomonedas de ampliar la “brecha fiscal”
En agosto pasado, el IRS emitió una propuesta de 300 páginas revisando la definición de “corredor de criptomonedas” basada en la Ley de Inversión y Empleos en Infraestructura. Esta revisión incluyó las bolsas, emitiendo directrices sobre el cumplimiento tributario tanto para los corredores, las bolsas y sus clientes.
El proyecto del IRS se basa en la idea que la evasión fiscal en el mundo de las criptomonedas está ampliando la “brecha fiscal” de EE.UU. al hacer que el país recaude menos contribuciones de las esperadas. Surgió como una propuesta derivada de la Ley de Infraestructura aprobado en 2021, cuyo objetivo es aumentar los ingresos del gobierno para poder invertir en diversos proyectos.
El IRS estima que las pérdidas por evasión en el sector Suman un total de 50 mil millones de dólares al año. Por ello, se considera fundamental solucionar el problema desde arriba hacia abajo, sin depender de la honestidad de los ciudadanos.
En ese sentido, se cree que el ecosistema de bitcóin (BTC) y otras criptomonedas Es “clave” para superar los problemas de evasión fiscal detectados. Aseguran que la ley alineará los estándares de declaración de impuestos en la industria de las criptomonedas con los exigidos a otros sectores financieros tradicionales.
El rechazo a la propuesta del IRS ya ha sido expresado por grupos como la Blockchain Association y Coincentro. Ambas organizaciones apoyan la idea de que el proyecto podría socavar la industria de las criptomonedas en EE. UU.
Mientras tanto, esta semana la senadora Elizabeth Warren y otros senadores demócratas ellos escribieron a la agencia solicitando no atender quejas del sector. Le preocupa que la normativa tarde mucho en entrar en vigor, teniendo en cuenta que la aprobación del proyecto estaría prevista para dos años. De ahí que soliciten una implementación más rápida.
“Estamos alarmados por el retraso autoinfligido de dos años en la implementación de la norma, que perjudicaría a los estadounidenses respetuosos de la ley y haría que el gobierno federal perdiera miles de millones de dólares en ingresos fiscales”, dijeron.
