El Tribunal Federal de Dolores condena el Ministerio de Economoma, que lidera Luis Caputopara entregar dentro de los cinco días el archivo completo de la DNU 179/2025, a través del cual el gobierno nacional contrató un Cruz de 20 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional.

La decisión judicial surge de una acción de AMPARO presentada por Francisco Verbic, en representación de la Asociación Civil para la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y los CELs, que denunciaron la violación de la ley de acceso a la información pública (27,275).

Según el fallo, la cartera económica Atem “evita la entrega” de la documentación a través de maniobras administrativas. Primero procese la orden en virtud de las regulaciones actuales, incluso solicitando un prroga, pero luego no conocía la aplicación de la ley y obtuve el caso a un procedimiento más restrictivo y burocrático.

El juez era Catgrico: el estado debe cumplir con la norma sancionada en la democracia y con un amplio consenso, sobre las regulaciones emitidas en los gobiernos de facto.

Según el fallo, el gobierno intenta “evitar la entrega” de la documentación.

“La información pública no pertenece al estado, sino a la gente de la Nacina Argentina”, registra al magistrado, citando la Corte Suprema de Justicia, que argumenta que el derecho a acceder a la información es un derecho humano fundamental y que cada persona puede solicitarlo sin acreditar un interés especial.

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El fallo también subraya que la DNU en cuestión no explícita las condiciones o las razones del Emprestito con el FMI, lo que refuerza la necesidad de transparencia: “El derecho a la información pública se rige por el principio de difusión máxima”, dijo la oración.

El crédito de USD 20 mil millones se anunció en abril de este año.

De esta manera, el Ministerio de Economoma está obligado a entregar el archivo completo, con anexos y documentos incluidos, dentro de un período máximo de cinco días de Hbile.

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La resolución se convierte en un antecedente clave en el campo del control democrático y el acceso a la información estatal, especialmente en las decisiones de alto impacto económico, como el endeudamiento externo de la magnitud histórica.

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