El fondo Burford Capital Pidió a la jueza de Nueva York Loreta Preska que autorice la transferencia a su favor del 51% de las acciones de YPF propiedad del Estado argentino desde que expropió la empresa en 2012.
El pedido se fundamenta en incumplimiento de sentencia que obliga al país a pagar 16.100 millones de dólares.
El fondo Burford Capital Pidió a la jueza neoyorquina Loreta Preska que autorice la transferencia a su favor del 51% de las acciones de YPF que posee el Estado argentino desde que expropió la empresa en 2012.
El pedido se basa en el incumplimiento de una sentencia que obliga al país a pagar 16.100 millones de dólares por la expropiación.
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Burford adquirió los derechos de Petersen Energa, empresa propiedad de la familia Eskenazi, a la que se asociará el 30% de la recaudación si la justicia falla a favor del fondo.
El fondo quiere a su nombre todas las acciones que el Estado argentino tiene en YPF.
La demanda, que lleva más de 9 años pendiente y se encuentra en proceso de apelación, se produjo luego de que el juez Preska falló en contra del país y lo declaró culpable de expropiar injustamente el
petrolera en 2012, cuando Cristina Kirchner era presidenta.
Burford había solicitado días atrás conservar el paquete accionario, en una solicitud secreta. Argentina pidió que se hiciera público, Preska aceptó y la noticia saltó esta tarde.
Según Sebastián Maril, de Latin Advisors, el pedido incluía también las acciones de YPF que están en manos de las provincias.
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“En noviembre del año pasado, Preska indicó que las acciones de YPF que pertenecen al Estado, pero no las asignadas a las provincias, podrían usarse como garantía para evitar futuros embargos. Preska no tomará una decisión hasta la primera semana de junio”, afirmó. dicho. Maril.
La Ley de Expropiación dice que “queda prohibida la futura transferencia de acciones sin autorización del Congreso Nacional votada por las dos terceras partes de sus miembros”, indicó el experto.
Considera que esto se produce porque Argentina “no entregó en enero una garantía como estaba previsto y porque no hay negociaciones con los beneficiarios del fallo”.
“Sé que es factible que la jueza autorice la transferencia de las acciones. Ya dijo que podrían usarse como garantía. Si eso sucede y el Estado no cumple, estará en desacato ante el tribunal norteamericano”, dijo. algo que ya pasó con el juez Thomas Griesa, hace casi 10 años, volver a declararse en desacato ante un tribunal estadounidense sería complicado. Creo que lo que quiere Burford es negociar, hacer ruido”, afirmó.