El ajuste a las universidades nacionales es un golpe considerable por parte del gobierno de Javier Milei a la educación pública. Cada vez más lejos de ese 6% del PBI que alguna vez fue sancionado mediante la Ley N26.075 y que, todo hay que decirlo, sólo ha transcurrido un año desde su sanción.
El paro universitario de la semana pasada, que incluyó a docentes, personal de apoyo académico y estudiantes, reveló el malestar que existe ante el profundo ajuste que está emprendiendo el gobierno contra la educación.
El presupuesto universitario
En el caso de la UNCuyo, el presupuesto anual para 2023 fue de 26 mil millones de pesos, de los cuales el 90% se dedicó a salarios y el 10% a gastos operativos. en un publicar nota La semana pasada, las autoridades universitarias advirtieron que se trataba de un “piso histórico” y que “lo ideal” sería un 75% y un 25% en proporción a los gastos.
Docentes, estudiantes y trabajadores de la UNCuyo exigen el ajuste.
Cabe señalar que, dentro de este 10%, se tienen en cuenta las becas, el pago de servicios y el funcionamiento diario de la Universidad, así como las obras y mantenimiento de la casa de estudios.
En diálogo con él correoel economista Gabriel Olmedo, del Centro de Investigaciones en Economía Crítica (CIEC) analizó el panorama por el que pasa la emblemática casa de estudios de Mendoza.
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Respecto a los artículos recibidos por la UNCuyo, Olmedo explicó que la universidad no recibe todo a principios de añoporque “la Nación le envía una cuota mensual, que es un decimotercero en el caso de las partidas de salario y un duodécimo en el caso de las partidas de gastos”.
Mientras tanto, destacó que el hecho de que “el presupuesto en 2024 sea reconducido tiene un impacto diferente en las partidas destinadas a salarios que en las destinadas a gastos”. Y explicó que “los salarios se actualizan automáticamente por aumentos iguales. Es decir, desde enero de 2024, la UNCuyo recibe los fondos correspondientes al presupuesto 2023 más la política salarial 2023”.
De esta manera, Olmedo señala que en el tema salarial “el problema no es el presupuesto reconvertido, el problema es que hay una brecha enorme entre inflación y aumentos salariales”.
Los salarios fueron una de las variables de ajuste desde que Milei asumió el cargo.
En ese sentido, señala que entre diciembre y febrero los precios aumentaron un 71% y los salarios solo aumentaron un 23%. “De los cuales sólo el 6% fue otorgado por el Gobierno de Milei, el resto corresponde a aportes conjuntos del Gobierno anterior”, advirtió.
Es decir que gran parte del ajuste, que en términos numéricos es el más importante, recae directamente sobre las espaldas de los trabajadores universitarios. “El presupuesto de gastos de 2023, unos 2.600 millones anuales en el caso de la UNCuyo, se repitió exactamente en el mismo monto para 2024. Es decir, la UNCUYO tiene los mismos fondos que el año pasado para becas, pagos de servicios básicos, insumos, equipos, luego de una inflación del 211% anual”, destacó.
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En un contexto de inflación y aranceles elevados, el ajuste golpea doblemente. El mismo dinero no sólo alcanza por menos, sino que los servicios también tuvieron importantes saltos en sus precios.
Desde CIEC realizaron un estudio con la pérdida salarial de los trabajadores en el marco del ajuste.
Anuncio de “aumento del 70%”
La comunidad universitaria toma con cautela y desconfianza el anuncio hecho por el gobierno sobre un aumento del 70% en el presupuesto universitario. “Lo primero que hay que aclarar es que el 70% es un anuncio a los medios, del cual no hay nada formal presentado a las universidades”, explicó el entrevistado.
“Lo segundo es que es un aumento paupérrimo frente a la inflación del 211%. En cuanto al destino de dichos fondos, el Consejo Superior lo determinará cuando llegue la comunicación oficial del Gobierno Nacional”, dijo Olmedo.
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La sostenibilidad del acto educativo
En la Universidad, como en muchos otros departamentos del ámbito público, se contratan muchos de los puestos de trabajo que no se encuentran en la planta permanente de la universidad.
“Mientras la Nación siga enviando partidas salariales no debe haber despidos de personal regular y los aumentos se resuelven en el convenio paritario nacional”, explicó Olmedo. Mientras que, por otra parte, “Están en riesgo los trabajadores universitarios que trabajan a través de contratos de alquiler de servicios (monotributo) y el empleo indirecto que genera la UNCUYO (trabajadores de empresas de seguridad y limpieza).
En este marco, y con el ajuste en el monto destinado al mantenimiento de la escuela, “nuestro derecho a una educación pública, gratuita y de calidad está en grave riesgo. Si no hay dinero para los techos que llueven, para los baños que “se Ni siquiera pares para pagar la factura de la luz. ¿Qué educación es posible?”, preguntó el entrevistado.
Lic. Gabriel Olmedo del CIEC.
Por otra parte, el miembro del CIEC advirtió que “estrechamente ligado a este tema está que La crisis económica que vivimos pone en riesgo la continuidad de muchos estudiantes que no podrán pagar transporte, fotocopias, comida.; o porque la realidad de su hogar les va a hacer tener que buscar un trabajo a tiempo completo para sobrevivir.
El actual presupuesto universitario, con el ajuste emprendido por el gobierno, no podrá generar el sistema de becas necesario para que estos estudiantes continúen sus carreras.
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¿Todo dentro de la ley?
Una de las frases emblemáticas que dijo Javier Milei en su discurso inaugural como presidente, y de espaldas al Congreso Nacional, se mostró “todo dentro de la ley, nada fuera de la ley”. Sin embargo, en materia de educación, “dentro de la ley, poco”, describirían las acciones presidenciales. Porque, lejos de cumplir con lo que exige la ley, se alejó del monto que exige la legislación argentina.
“Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”, la frase que pronuncia Milei, pero no cumple.
“Tenemos una ley que dice que Argentina debe destinar el 6% de su PBI a educación (Ley N° 26.075), y recién se cumplió en 2015”, afirmó el economista del CIEC. Si bien agregó: “Tenemos una Ley que dice que se debe incrementar constantemente la inversión en Ciencia y Tecnología hasta llegar al 1% en 2032 y se eliminan las becas de doctorado, se ajustan los salarios de los investigadores y se crea el Fondo Fiduciario de Promoción Científica y Tecnológica (FONCyT). )”.
En ese sentido, Olmedo advierte que el sector educativo tendrá que movilizarse si quiere evitar el desmantelamiento del sistema: “Ese ajuste no se va a resolver en el Congreso, o al menos no sólo en el Congreso”.
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Olmedo advierte que el sistema educativo “debe defenderse” al igual que lo hacen otros sectores si no quiere que los derechos de trabajadores y estudiantes se vean vulnerados.
“De la misma manera que el sistema financiero genera corridas bancarias, los grandes supermercados vacían sus estantes y los grandes exportadores agrícolas retienen sus granos para hacer valer sus intereses; los sectores populares, de los cuales forma parte el sistema universitario, tienen el desempleo como su principal herramienta. y movilización”, advirtió Olmedo.
En ese marco, el economista planteó que “lo que nos pasa en las universidades es lo mismo que está pasando en la educación inicial y media, CONICET, INTA, INTI, CNEA y un largo etc. Si nos unimos bajo el lema de la defensa de la derecho a la educación, a la ciencia y a la tecnología, vamos a tener resultados mucho mejores que si cada uno lo pensamos desde nuestro lado”.
El conflicto entre el gobierno y el sistema educativo va en aumento y, salvo cambio de rumbo, da señales de que continuará.