Tres instituciones de profesionales del sector minero celebran las reformas del Código minero propuesto por el Ejecutivo de Mendoza pero no están de acuerdo con la eliminación de la Dirección de Minería.

Los organismos son los Consejo Profesional de Ingenieros y Geólogos de Mendoza (COPIG)la Asociación Geológica de Mendoza (AGM) y la Colegio Argentino de Ingenieros de Minas (CADIM)los cuales a través de un comunicado expresaron su apoyo a “todas las intenciones e iniciativas que impulsen o promuevan la creación de nuevas fuentes de producción y trabajo en el ámbito de la actividad minera”.

Si bien establecen la “bienvenida” a revisar y mejorar el marco regulatorio que regula los procedimientos mineros, también desean que “las medidas que se adopten sean las mejores, técnica y jurídicamente correctas, y sirvan al interés general y no a ningún interés particular”.

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Por eso señalan que están en contra, como señala el artículo 4, de la supresión de la actual Dirección General de Minería de la Provincia. “Es un organismo científico técnico y jurídico, único en su tipo dentro de su Gobierno, encargado de atender todas las materias relacionadas con la geología, ingeniería minera, geología aplicada y economía minera, al mismo tiempo que actúa como autoridad minera. “.

Y añaden en su comunicado que “la jerarquía de esta organización, por las innumerables misiones y funciones importantes que cumple, no debe minimizarse mezclándola con una norma regulatoria y menos prescindir de ella, en detrimento, entre otras consecuencias”. , de la debida y necesaria intervención técnica especializada de los profesionales registrados en el COPIG y en otros Consejos o Colegios”.

Por lo tanto, consideran que el artículo 4 del proyecto es “innecesario e inoportuno”, y que se debe mantener a la Dirección General de Minería en su estructura y funciones.

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Por otro lado, indican que el anexo del proyecto tiene 237 artículos y que es “redundante”. “En nuestra opinión, este texto debe ser objeto de una profunda revisión técnica por parte de especialistas en Derecho Minero y Derecho Administrativo para determinar: si este extenso artículo se corresponde correctamente con las respectivas disposiciones de la Ley subyacente (Código Minero); si el texto propuesto no afecte, contradiga, añada o elimine derechos u obligaciones expresamente establecidos por la Ley Nacional; si el texto propuesto se ajusta a leyes y decretos provinciales que afecten a esta actividad y no hayan sido tomados en cuenta en el proyecto; y si fuera procedente realizar consultas y conocer la opinión de diferentes organizaciones que podrían verse afectadas o beneficiadas por este cambio de Reglamento”, enumeran.

Finalmente, las instituciones se pusieron a disposición del Legislativo y del Ejecutivo para “estudiar, consensuar y armonizar este Proyecto de Ley”.